El 1 de septiembre de 2006, sobre las 14 horas, un accidente durante las maniobras de descarga de tolueno desde un camión cisterna hacia los depósitos de almacenamiento de la planta que la multinacional alemana Brenntag tenía en Caldas de Reis, ocasionó una violenta explosión que incendió y arrasó por completo el complejo industrial que la quimiquera tenía al borde del Umia y originó un vertido al río altamente contaminante.

Tras una larga y complicada instrucción en el juzgado de Caldas, la sala de lo Penal 1 de Pontevedra acaba de fijar una fecha para que se celebre el juicio en el que se depurarán las supuestas responsabilidades por aquel accidente que provocó un grave desastre ambiental en el río Umia y que obligó a la Xunta a adoptar medidas extraordinarias para detener el avance de las sustancias contaminantes y garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones de O Salnés. Será el 19 de marzo, cinco años y medio después del desastre ambiental. El juzgado de lo Penal reserva cuatro días para celebrar una vista que se prevé densa y compleja ya que sólo el fiscal llama a declarar a 39 testigos y una docena de peritos.

Entre ellos, prestarán testimonio agentes de la Guardia Civil del Laboratorio de Criminalística de A Coruña especializados en incendios, o expertos del Departamento de Química de este mismo cuerpo. Incluso comparecerán ante el juez peritos del departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago. Todo ello para que el magistrado determine si, tal y como defiende la Fiscalía de Pontevedra, el accidente se produjo como consecuencia de una negligencia.

El Ministerio Público formula acusación contra tres empleados de la planta química como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, cometido por omisión e imprudencia grave. Se trata de dos trabajadores que participaban en la operación de descarga del camión de tolueno. Asegura que no conectaron unas pinzas metálicas desde el contenedor al que se trasvasaba esta sustancia, altamente inflamable, a unas tomas de tierra. Una maniobra que conjura cualquier peligro de deflagración de naturaleza electroestática (una chispa). La tercera imputada es la responsable en materia medioambiental de la planta por no supervisar la operación. Se enfrentan a una pena de cuatro meses y 15 días de prisión. Además, el fiscal pide que se paguen indemnizaciones por valor de 10 millones de euros y sitúa como responsables civiles solidarios y subsidiariamente a la propia «Brenntag Química S. A.» y a su aseguradora AIG Europe. De esta cantidad, 9,6 millones corresponderían a la Xunta por costes de actuación, daños ecológicos y obras de emergencia.

farodevigo.es

Pin It on Pinterest